Escrito por Tribuna Popular Miércoles, 29 de Agosto de 2012 17:53

Pescadores neoespartanos ejercen contraloría social

Denuncian «la unilateral e inconsulta toma de decisiones, la improvisación y modificación del proyecto, cambio de partidas presupuestarias, adquisiciones y contrataciones a libre albedrío, así como también el ensañamiento contra los trabajadores de la planta donde algunos de ellos ya van para 18 quincenas sin recibir pago alguno de sueldos y salarios, bono alimentario y ni siquiera los aportes al seguro social obligatorio, paro forzoso y demás aportes de Ley».

Tribuna Popular/FR.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la participación protagónica como herramienta de construcción del proceso revolucionario venezolano; derecho en que se basan los pescadores artesanales neoespartanos, para exigir ser tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre la ejecución del proyecto de la Planta Pesquera “Oscar Rafael Hernández” de Islamar C.A., de la cual son “socios” junto con el Estado venezolano.

Corpivensa representa, como socio mayoritario, al Estado venezolano en el Consorcio Pesquero Islamar C.A., en el cual los pescadores denuncian “la unilateral e inconsulta toma de decisiones, la improvisación y modificación del proyecto, cambio de partidas presupuestarias, adquisiciones y contrataciones a libre albedrío, así como también el ensañamiento contra los trabajadores de la planta donde algunos de ellos ya van para 18 quincenas sin recibir pago alguno de sueldos y salarios, bono alimentario y ni siquiera los aportes al seguro social obligatorio, paro forzoso y demás aportes de Ley”.

“Todo ello –señalan los pescadores– sin tomar en cuenta a los representantes del sector pesquero en la Junta Directiva y ni siquiera informar de las acciones tomadas ni de sus resultados.”

Esta importante obra para la consolidación y fortalecimiento del sector pesquero insular lleva un prolongado retraso, señalando los pescadores que “se debe al burocratismo que lo ha frenado e impedido su culminación”.

Los pescadores neoespartanos manifiestan que Corpivensa, órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Industria, debe entender está en la obligación de respetar el mandato Constitucional y permitir la participación de los pescadores como factor social con rol protagónico en el proceso revolucionario que experimenta nuestro país.

Escrito por Febres Rodríguez Viernes, 31 de Agosto de 2012 17:27

Caracas, 31 ago. 2012, Tribuna Popular TP/Febres Rodríguez.- Las múltiples contradicciones y vacíos en la legislación de los sectores agrario, pesquero e indígenas, generan un caos donde los débiles de la partida tienen todas las de perder ante la voraz burocracia civil y militar.

Hasta “el derecho a la defensa” se ve disminuido y coartado por las actuales Leyes de estos sectores, en las cuales las “decisiones” sobre los “procedimientos administrativos” pasa a ser facultad de los Presidentes o Directores de los Instituto o entes ministeriales, y por lo tanto la “apelación” ante la “sanción” se tiene que hacer en la ciudad de Caracas y en segunda instancia ante el Ministro (también en la ciudad de Caracas) obligando al “administrado” a trasladarse a la capital para poder ejercer su “derecho a la defensa”.

Anteriormente la facultad de “decisión” la tenían los Directores Regionales y por lo tanto la “defensa” se realizaba en el mismo estado de domicilio del administrado.

La ausencia de claras “Políticas de Estado” impide la coordinación entre los diversos entes gubernamentales. El Presidente Chávez creó la Gran Misión Agrovenezuela para el desarrollo del sector, participan en ella varios entes estatales, pero sin la debida integración, sucediendo por ejemplo, que a un productor el INTI le certifica la tenencia de la tierra, el MAT le otorga su carta de productor agropecuario, el FONDAS le otorga el crédito, pero el Ministerio del Ambiente no le permite la deforestación para la siembra; quedando el productor en la situación de tener que pagar una deuda (crédito) y sin poder sembrar. Igual le sucede, pero en su campo, a la pesca y demás productores.

La discrecionalidad y libre albedrío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también golpea a los débiles; los campesinos, pescadores e indígenas reciben trato denigrante cuando se aprovisionan y transportan el combustible que requieren para sus faenas productivas, se les exigen todos los documentos habidos y por haber, teniendo que portar originales y entregar copias, que por lo general cuestan más que el combustible y en el caso de alguna falla, o sin ella, se le aplica el pago de comisión, impidiendo así que los productores puedan ejercer su trabajo.

Las medidas de estímulo a la producción agropecuaria y pesquera deben manifestarse en la simplificación de trámites, procedimientos administrativos y exoneración de pagos de tasas y permisos. Para el productor agropecuario y pesquero nacional esto no se aplica, se le recarga. Podemos ver cómo un pescador artesanal para ejercer su actividad tiene que obtener y cancelar: Permiso de Pesca personal; Permiso de Pesca de la embarcación; Permiso de Pesca del arte de pesca; Permiso de Pesca Especial (si la especie a capturar está bajo reglamentación especial); Permiso para el transporte de producto pesquero; Permiso para la descarga del producto.

Esto sólo ante la autoridad pesquera (Insopesca), sin mencionar los que debe tramitar y pagar ante la autoridad marítima y otros entes del Estado. Por cierto el INEA está imponiendo una norma que para construir una embarcación mayor de 8 metros hay que solicitar un permiso que tiene un valor de 120 unidades tributarias.

Cuando tomamos estos y otros de los tantos problemas que afrontan los productores agropecuarios, y los integramos, nos encontramos que pareciera existir una articulación oficial, con política bien definida, para evitar la presencia de los pescadores ejerciendo soberanía en los mares de la República, y de los hermanos indígenas y productores agropecuarios en general en las fronteras, eliminando así la consolidación de estas zonas y debilitando la presencia y ejercicio de soberanía de la patria.