Escrito por Febres Rodríguez
Viernes, 31 de Agosto de 2012 17:27
Caracas, 31 ago. 2012, Tribuna Popular TP/Febres Rodríguez.-
Las múltiples contradicciones y vacíos en la legislación de los
sectores agrario, pesquero e indígenas, generan un caos donde los
débiles de la partida tienen todas las de perder ante la voraz
burocracia civil y militar.
Hasta “el derecho a la defensa” se ve disminuido y coartado por las
actuales Leyes de estos sectores, en las cuales las “decisiones” sobre
los “procedimientos administrativos” pasa a ser facultad de los
Presidentes o Directores de los Instituto o entes ministeriales, y por
lo tanto la “apelación” ante la “sanción” se tiene que hacer en la
ciudad de Caracas y en segunda instancia ante el Ministro (también en la
ciudad de Caracas) obligando al “administrado” a trasladarse a la
capital para poder ejercer su “derecho a la defensa”.
Anteriormente la facultad de “decisión” la tenían los Directores
Regionales y por lo tanto la “defensa” se realizaba en el mismo estado
de domicilio del administrado.
La ausencia de claras “Políticas de Estado” impide la coordinación
entre los diversos entes gubernamentales. El Presidente Chávez creó la
Gran Misión Agrovenezuela para el desarrollo del sector, participan en
ella varios entes estatales, pero sin la debida integración, sucediendo
por ejemplo, que a un productor el INTI le certifica la tenencia de la
tierra, el MAT le otorga su carta de productor agropecuario, el FONDAS
le otorga el crédito, pero el Ministerio del Ambiente no le permite la
deforestación para la siembra; quedando el productor en la situación de
tener que pagar una deuda (crédito) y sin poder sembrar. Igual le
sucede, pero en su campo, a la pesca y demás productores.
La discrecionalidad y libre albedrío de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana también golpea a los débiles; los campesinos, pescadores e
indígenas reciben trato denigrante cuando se aprovisionan y transportan
el combustible que requieren para sus faenas productivas, se les exigen
todos los documentos habidos y por haber, teniendo que portar originales
y entregar copias, que por lo general cuestan más que el combustible y
en el caso de alguna falla, o sin ella, se le aplica el pago de
comisión, impidiendo así que los productores puedan ejercer su trabajo.
Las medidas de estímulo a la producción agropecuaria y pesquera deben
manifestarse en la simplificación de trámites, procedimientos
administrativos y exoneración de pagos de tasas y permisos. Para el
productor agropecuario y pesquero nacional esto no se aplica, se le
recarga. Podemos ver cómo un pescador artesanal para ejercer su
actividad tiene que obtener y cancelar: Permiso de Pesca personal;
Permiso de Pesca de la embarcación; Permiso de Pesca del arte de pesca;
Permiso de Pesca Especial (si la especie a capturar está bajo
reglamentación especial); Permiso para el transporte de producto
pesquero; Permiso para la descarga del producto.
Esto sólo ante la autoridad pesquera (Insopesca), sin mencionar los
que debe tramitar y pagar ante la autoridad marítima y otros entes del
Estado. Por cierto el INEA está imponiendo una norma que para construir
una embarcación mayor de 8 metros hay que solicitar un permiso que tiene
un valor de 120 unidades tributarias.
Cuando tomamos estos y otros de los tantos problemas que afrontan los
productores agropecuarios, y los integramos, nos encontramos que
pareciera existir una articulación oficial, con política bien definida,
para evitar la presencia de los pescadores ejerciendo soberanía en los
mares de la República, y de los hermanos indígenas y productores
agropecuarios en general en las fronteras, eliminando así la
consolidación de estas zonas y debilitando la presencia y ejercicio de
soberanía de la patria.
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